Ante una crisis matrimonial, los cónyuges (extranjeros o no) de un matrimonio contraído fuera de España pueden divorciarse en España, siempre que se den los requisitos exigidos para que sean competentes los juzgados o notarios españoles dependiendo el caso.
El Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, y de responsabilidad parental, establece los criterios a tener en cuenta para determinar la competencia de los órganos judiciales españoles.
Siendo el criterio principal a tener en cuenta, el de la residencia habitual de los cónyuges y no otro, serán aplicable dicho Reglamento no solo a los ciudadanos españoles o comunitarios, sino también a los extranjeros residentes.
Es por ello, que serán competentes para conocer del divorcio, la separación o nulidad, si en España se encuentra:
- la residencia habitual de los cónyuges, o
- el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí; o
- la residencia habitual del demandado; o
- en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges; o
- la residencia habitual del demandante si ha residido durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda; o
- la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los 6 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional español; o
- si ambos cónyuges son nacionales españoles.
Debiéndose aplicar estos criterios de forma alternativa, de modo que no tendrán carácter preferente ninguno de ellos sobre el resto.
Hay que tener en cuenta que estos criterios para determinar la competencia de los juzgados españoles en materia de separación, divorcio o nulidad, lo son a su vez para llevar a cabo el proceso de divorcio notarial ante el notario competente, cuando a su vez se den los requisitos necesarios para poder llevar a cabo el divorcio ante notario.
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