Somos especialistas en procedimientos de incapacitación.

En muchas ocasiones por razones de incapacidad mental algún familiar es incapaz de llevar a cabo acciones o tomar decisiones que permitan mantener la salvaguarda de su patrimonio, en cuyo caso será necesario la incapacitación judicial mediante la cual se nombrará a un tutor que velará por preservar las propiedades e intereses del incapaz.

Para la incapacitación deberá acreditarse con informes médicos las limitaciones del incapaz. En la tramitación del proceso jucidial el juez nombrará el tutor más adecuado para actuar en nombre del incapacitado.

Mediante la tutela, se procura el cuidado de la persona y bienes de quien no puede valerse por sí mismo, ni en el aspecto personal ni tampoco en el negocial o estrictamente patrimonial (art. 200 CC).

Generalmente el juez optará por la tutela, como institución de protección a las personas más adecuada, cuando el grado de discernimiento del incapacitado requiera proveerle de representación legal y al mismo tiempo de su cuidado personal.

Siendo la incapacitación, con el consiguiente nombramiento de un tutor,  una medida de protección para quienes no pueden autogobernarse y, por tanto, se toma en su beneficio y no en el de familiares o de otras personas del entorno.

incapacitacion

Desde Barberà Estudi Jurídic, le ofrecemos todo tipo de asesoramiento en derecho de familia. Puede contactar con nosotros, le recordamos que la primera consulta es gratuita

Podrán solicitarla los parientes más cercanos del presunto incapaz cuya incapacitación se pretenda. Tal y como se establece en el Código Civil, en ese caso estaría el cónyuge o quien esté en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del enfermo. También tiene potestad para ello el ministerio fiscal.

Será necesario presentar una demanda dirigida al juez de Primera Instancia donde reside el presunto incapaz. Para ello se necesita de abogado y procurador, razón por la que puede contar con los servicios de Barberà Estudi Jurídic. Como abogados especialistas en procedimientos de este tipo podremos asesorarle y llevar a cabo la incapacitación judicial.

En la demanda se informa al juez de la existencia de una persona con minusvalía psíquica y se solicitará su declaración como incapaz, al tiempo que se solicitará el nombramiento de un tutor para el incapacitado.

El juez le notificará la demanda a la persona que se pretende incapacitar, con el objetivo de que en el plazo de 20 días conteste al escrito presentado. Si transcurridos dicho plazo la persona no ha contestado, el juez lo comunicará al fiscal, quien será el encargado de velar por los intereses del presunto incapaz.

Iniciándose el periodo probatorio en el juez dará audiencia a los parientes que se ocupan del supuesto incapaz o de otros familiares próximos para que le informen sobre él y sobre si están de acuerdo con que se le incapacite. Incorporándose al procedimientos los informes médicos, psicológicos y la calificación de minusvalía. Así como todos aquellos documentos que puedan demostrar su discapacidad. Realizándose un examen forense a la persona para que informe sobre su estado, al tiempo que el propio juez examinará personalmente al presunto incapaz.


Tras llevar a cabo todos estos trámites, el juez dicta una sentencia de incapacidad, que podrá ser total, cuando considera que el incapaz no puede cuidar de sus bienes y de su persona, o parcial. En caso de que se considera que el incapacitado puede realizar determinados actos sin la ayuda de otra persona, se realizará una incapacitación parcial y se podrá nombrar a un curador, a diferencia de la incapacitatación total donde se nombra a un tutor legal.

El tutor debe informar y rendir cuentas ante la Administración sobre su ejercicio tutelar.

El tutor debe informar al juez anualmente sobre la situación del pupilo y rendirle cuenta anual de su administración, tal y como se establece en el artículo 269.4.° del Código Civil.

No obstante, el juez podrá en cualquier momento exigir al tutor que informe sobre la situación del menor o incapacitado y del estado de la administración.

Con independencia de la obligación de presentar las cuentas anuales, el tutor, al cesar en sus funciones, deberá rendir la cuenta general de su administración según se establece en el art. 279 CC.

Si lo prefiere, envíenos sus datos y nos pondremos en contacto para asesorarle. Le recordamos que la primera consulta en nuestro despacho es gratis.